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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que las anti-suit injunctions adoptadas por un tribunal arbitral dirigidas a un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro son compatibles con el Reglamento Bruselas I

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Vazquez-Guillen Antonio
Antonio Vázquez-Guillen

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Madrid

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27 mayo 2015

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE) en su sentencia en el caso Gazprom OAO c. Lituania (Caso C-536/13) (la Sentencia o Gazprom), de 13 de mayo de 2015, declara que la ejecución de un laudo arbitral que prohíba a una parte iniciar un procedimiento en un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro no entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001* y debe ser decidida conforme a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.  

Antecedentes de hecho

El caso Gazprom trata sobre el abastecimiento de gas en Lituania a través de la empresa Lietuvos Dujos AB (Lietuvos), que en aquel momento pertenecía a Gazprom, E.ON y al gobierno lituano. Gazprom, E.ON y el Ministerio de Energía (el Ministerio) celebraron un acuerdo de accionistas en el que incluyeron una cláusula de arbitraje sometiéndose al Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. En el año 2011, el Ministerio presentó ante un tribunal lituano una solicitud de apertura de investigación sobre las actividades de Lietuvos y de algunos de sus directivos. De acuerdo con la cláusula de arbitraje acordada en el acuerdo de accionistas, Gazprom presentó entonces una demanda de arbitraje contra el Ministerio ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo solicitando que el Ministerio pusiera fin a sus pretensiones. El tribunal arbitral se pronunció a tal efecto mediante laudo de 31 de julio de 2012.

En septiembre de 2012, el Tribunal Regional de Vilna determinó que la solicitud de investigación sobre las actividades de una persona jurídica era de su competencia y ordenó la apertura de la investigación. Esta sentencia fue recurrida por Gazprom ante el Tribunal de Apelación de Lituania, que desestimó su petición, basando su decisión, entre otros, en el hecho de que un laudo arbitral que priva a un órgano jurisdiccional nacional de la facultad de pronunciarse sobre su propia competencia es contrario a los órdenes públicos lituano e internacional. La decisión fue entonces recurrida en casación ante el Tribunal Supremo de Lituania. Dicho Tribunal planteó ante el TJUE si el Reglamento 44/2001 ha de interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro reconozca y ejecute un laudo arbitral que prohíbe a una parte formular determinadas pretensiones ante un órgano jurisdiccional de ese Estado Miembro.

Este caso es similar al caso Allianz v West Tankers (Caso C-185/07) (Allianz). En este supuesto, las aseguradoras de un damnificado (Allianz era una de ellas), incumplieron la cláusula de arbitraje contenida en el contrato de fletamento que suscribieron, y que estaba sometido a Derecho inglés, e iniciaron un procedimiento contra West Tankers ante un tribunal italiano. A su vez, West Tankers inició un procedimiento ante la High Court of Justice inglesa solicitando que se dictase una anti-suit injunction para que, en primer lugar, las aseguradoras interrumpiesen el procedimiento iniciado en Italia y, en segundo lugar, que el procedimiento se llevase a cabo mediante un arbitraje, tal y como se establecía en el contrato. La cuestión que se planteó en este caso al TJUE fue si una anti-suit injunction dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro que prohíbe iniciar o continuar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro cuando ese procedimiento está infringiendo un convenio arbitral es compatible con el Reglamento 44/2001. El TJUE declaró entonces que, en esas circunstancias, la concesión de anti-suit injunctions era incompatible con el Reglamento 44/2001.

Contenido

En Gazprom, el TJUE establece que el Reglamento 44/2001 solo resulta de aplicación en el caso de conflictos de competencias entre órganos jurisdiccionales de Estados Miembros, tal y como se desprende del Artículo 1 (2) (d) del Reglamento 44/2001, que excluye expresamente el arbitraje de su ámbito de aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior, el TJUE determina que en este caso no opera el principio de confianza mutua en el que se basan los órganos jurisdiccionales de los Estados Miembros, al provenir la decisión de un tribunal arbitral.

La Sentencia difiere de las conclusiones alcanzadas en el caso Allianz, ya que en aquel supuesto la anti-suit injunction fue dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro. En este sentido, el TJUE dictaminó que una injunction dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro que impidiera a una parte a acudir a un procedimiento distinto del procedimiento arbitral y continuar con un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro con jurisdicción de acuerdo con el Reglamento 44/2001 no era compatible con el Reglamento 44/2001.

En Gazprom, a diferencia de la sentencia Allianz, el TJUE entiende que cuando la anti-suit injunction proviene de un tribunal arbitral, no se origina un conflicto de competencias entre órganos jurisdiccionales de un Estado Miembro y por tanto no opera el ya mencionado principio de confianza mutua, que es la base del Reglamento 44/2001. Por otra parte, la Sentencia pone de manifiesto que, en este caso, cualquier posible limitación de poder derivada de la anti-suit injunction provendría única y exclusivamente del reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

En resumen, el TJUE entiende que una anti-suit injunction de un tribunal arbitral no entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001. Por tanto, el reconocimiento y la ejecución por parte de un órgano jurisdiccional de un Estado Miembro de un laudo arbitral que contenga una anti-suit injunction dependerán de la normativa aplicable en ese Estado Miembro, que en este caso era la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958. Estas mismas conclusiones hubieran sido alcanzadas igualmente si el nuevo Reglamento 1215/2012 hubiera resultado de aplicación.

*Aunque el nuevo Reglamento (UE) 1215/2012 entró en vigor el 10 de enero 2015 no es aplicable en el presente caso de acuerdo con el artículo 66 (1): "Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha."

El Considerando 12 del Reglamento 1215/2012 establece: “El presente Reglamento no se aplica al arbitraje. Ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje remita a las partes al arbitraje o bien suspenda o sobresea el procedimiento, o examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional."